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Las evidencias apuntan a Murillo en EEUU y su audiencia se posterga

Correos electrónicos, mensajes WhatsApp y transacciones bancarias son las piezas de la acusación de la Fiscalía contra del exministro de Gobierno. Puede declararse culpable para aminorar su condena

Acorralado por tres tipos de evidencia, que incluyen un registro de las comunicaciones desarrolladas por sus socios, el exministro Arturo Murillo tiene una audiencia que estaba programada para hoy, pero se postergó para el 9 de julio a las 10:00 ante un juez que definirá si habrá juicio en su contra o no, bajo las leyes de Estados Unidos.

En declaraciones a Radio Cepra, en Miami, el Procurador Wilfredo Chávez adelantó que la suspensión se debería a requerimientos de la Fiscalía estadounidense, “son procedimientos que se tienen acá y por ello vamos a ser respetuosos en lo que se decida”, indicó la autoridad nacional.

“Se estaría viendo la posibilidad de que el señor Murillo tenga algunas negociaciones o pueda acceder tal vez a algún beneficio bajo las reglas de la justicia norteamericana. Eso no nos corresponde a nosotros determinar, son procedimientos de EEUU, de las leyes norteamericanas. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que se decida”, aseveró.

El abogado estadounidense Thomas Becker, explicó el procedimiento. “Se ha iniciado un caso penal contra Murillo. El Gobierno de EEUU ha visto delitos. ¿Qué pasará ahora? Primero, se presenta la demanda que hizo un grupo de agentes especiales que investigaron el caso y los fiscales que van a manejarlo. Para continuar, se va a decidir si hay suficiente prueba para iniciar un juicio”, indicó

Murillo fue detenido el 22 de mayo en la ciudad de Naples, próxima a Miami, por agentes especiales de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y dos días después fue citado por el magistrado Jonathan Goodman a una audiencia para considerar “la acusación preliminar”. Entonces, la abogada de la exautoridad, Julia Kefalinos, pidió postergar esa vista judicial para este lunes 7 de junio.

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Murillo junto a su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez, también detenido en EEUU están acusados de recibir sobornos de una empresa estadounidense y de conspirar, junto con tres ciudadanos de esa nación (Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld), para lavar el dinero que pudo provenir del “sobreprecio” que pagó el Estado boliviano para adquirir un lote de gases lacrimógenos y munición no letal a la empresa Cóndor, de Brasil. “En esta etapa no se tiene que demostrar que son totalmente culpables; ellos (fiscales) tienen que demostrar lo mínimo necesario sobre las vulneraciones a la ley y eso abre la posibilidad de que un ciudadano puede ser procesado”, remarcó Thomas Becker.

El agente especial del HSI Jonathan Eades detalló, según el informe enviado a la Fiscalía de EEUU, que tanto Méndez como Bryan y Luis Berkman, propietarios de la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions (BTS) que se adjudicó el contrato en Bolivia, intercambiaron mensajes por correo electrónico y WhatsApp para negociar el pagos de las coimas a quienes tenían alguna responsabilidad en el gobierno boliviano.

 

“Debido a que esta declaración jurada se presenta con el propósito limitado de establecer una causa probable, la misma no incluye todos los hechos que llegué a conocer durante el curso de mi investigación”, aclaró Eades, aunque su reporte ya aporta evidencias.

Está -por ejemplo- el pedido que hace Méndez, el 15 de enero 2020, a través de una cuenta oficial de correo electrónico del Ministerio de Gobierno al “Banco 1” en EEUU, donde hay una cuenta de la BTS y a la que se debía transferir $us 5,6 millones, que es el monto total de la operación establecida en el observado contrato para la compra.

“Le escribo del Ministerio de Gobierno de Bolivia para solicitar ser contactado en caso de que se requiera más información en relación con el contrato firmado por las agencias gubernamentales de mi país con Bravo Tactical Solutions (BTS)”, escribió Méndez en el mensaje en el que incluyó una copia al correo de Bryan Berkman.

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Eades explicó, en el escrito, que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe el uso de cuentas oficiales para promover un pago o hacer ofertas desde fuera de Estados Unidos.

Erick Guzmán, quien fue gerente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), reveló en 2020 a los legisladores de la Comisión Mixta que investigó este caso, dos transacciones en favor de la cuenta de BTS en el banco estadounidense JP Morgan. La primera es del 16 de marzo por $us 3,9 millones y, la segunda, el 8 de abril por $us 1,2 millones.

En el legajo que cursó en los tribunales de Miami se hace constar que la entidad financiera rechazó, en un primer momento, la transferencia por las sospechas que despertó es movimiento bancario, en el marco de la Ley FCPA.

Además de estas evidencias, pesan sobre Murillo una serie de mensajes en WhatsApp que, incluso, sugieren que el exministro pudo quedarse con más de $us 1 millón; es decir, el 50% del sobreprecio.

Si bien BTS cobró $us 5,6 millones a Bolivia, ese material no letal fue adquirido de la empresa brasileña Cóndor por algo más de $us 3,3 millones. Esta evidencia está incluida en el informe de los agentes, y en la imputación formal planteada en enero contra Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López. En el informe del fiscal aparece un contrato con un representante de Cóndor por $us 2 millones, en mérito a la solicitud planteada por la Policía en octubre de 2019.

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Aparece el ciudadano estadounidense Philip Lichtenfeld, quien jugó como enlace entre vendedores y compradores, según la querella planteada en este caso por el fiscal general adjunto Nicholas L.McQuaid de la División Penal del Departamento de Justicia.

Además de Murillo, Méndez y Lichtenfeld están detenidos preventivamente en Miami o bajo la figura de la “detención previa al juicio”, tal como señala el procedimiento penal en Estadios Unidos.

“Después de decidir si se va o no a juicio, puede pasar la negociación. Si los demandados deciden declararse culpables, las sentencias son menores.

Fuente: EL DEBER

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