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Opinión

El financiamiento y la táctica del MAS

Hasta las elecciones generales de 1997 los partidos políticos dependían económicamente de aportes privados que no eran controlados por el Estado, lo que abría de par en par las puertas para financiamientos con dinero proveniente de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico.

El debate sobre este asunto nació a la par de la recuperación de la democracia, en 1982, pero se tuvo que esperar más de una década para que  se den avances concretos. La ley de régimen electoral de 1997 y luego la de partidos políticos de 1999 legislaron sobre el financiamiento a las fuerzas políticas y los mecanismos de control, incorporando el financiamiento del Estado para procesos electorales, con la lógica de que todos los partidos puedan competir en igualdad de condiciones.

Con ese mismo espíritu, el del pluralismo político e igualdad en la competencia electoral, la ley de organizaciones políticas del 1 de septiembre de 2018 ratificó para los partidos un modelo de financiamiento mixto: público y privado, este último “con restricciones”.

“Las organizaciones políticas podrán financiar sus actividades, en especial la participación en procesos electorales, con recursos provenientes del aporte de sus militantes, simpatizantes, invitados y miembros; colectas públicas; y contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas”, dispone el artículo 70.

Luego se definen algunas restricciones, como que los aportes de las personas no se recibirán si fueron obligados “por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas”.

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Pero, como bien sabemos, en el país “hecha la ley, hecha la trampa”. Si la normativa puso una restricción para los aportes obligados por los jefes o los empleadores en las entidades públicas, no dice nada sobre aportes “voluntarios” provenientes de funcionarios que se ven en la necesidad de hacerlo para mantener sus fuentes de trabajo.

La práctica data de hace décadas, pero en su último congreso el Movimiento Al Socialismo la afinó a niveles que dejan como principiantes a los operadores de los partidos que gobernaron durante la denominada “democracia pactada”.

Dispuso que absolutamente todos sus militantes paguen un aporte, en especial quienes trabajan, mientras que, en paralelo, el Ejecutivo, que está en sus manos, exige militancia a los funcionarios. Incluso hay listas de persecución para expulsar a quienes podrían haber trabajado con el anterior gobierno. Sumado a ello, la mayor parte de los funcionarios del Legislativo son masistas y es bien sabido que en el Órgano Judicial tener militancia en ese partido abre puertas.

En resumen, un conveniente sistema de autofinanciamiento partidario que mueve aportes de miles y miles de funcionarios pagados con recursos de todos los bolivianos, incluidos los 3. 938. 873 que no votaron por el MAS en las últimas elecciones generales.

La pasada semana Página Siete hizo una proyección bastante moderada sobre este mecanismo de financiamiento y resulta que el partido en función de gobierno recaudará al menos  21 millones  de bolivianos al año, más de tres millones de dólares, equivalentes a lo que un partido promedio presupuesta para una campaña nacional cada cinco años.

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Además del monto, hay muchas cosas que llaman la atención, como el hecho de que al jefe, al no tener empleo, le bastará con aportar  12 bolivianos al año, mientras que otros, los viceministros masistas, por ejemplo, tendrán que depositar  7.272 bolivianos en ese mismo tiempo a las cuentas de su partido.

Ciertamente uno es libre de destinar el total de su salario a lo que vea conveniente, pero también es cierto que cuando las cuotas partidarias están calculadas en función del empleo, lo lógico es que el aparato público se consolide como la agencia de empleos más grande del país, en el que el carnet de militancia valga más que la trayectoria profesional de las personas.

En este contexto, asistir a una asamblea partidaria será la ruta más expedita para conseguir empleo y no así los años de formación académica, lo que anticipa una administración pública más ineficiente y corrupta de lo que ya es.

Fuente: PÁGINA SIETE

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