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Medio Ambiente

Desmontes en San Miguel y asentamientos en área protegida de San Rafael

Los migueleños encontraron una zona destruida por maquinaria y con hornos para hacer carbón. En San Rafael, casi toda el área protegida está parcelada en mapas

“Un montón de desmonte hemos encontrado, también siete hornos, dos de ellos llenos de madera para ser quemada y los otros con carbones listos. Es increíble, nuestros bosques se están destruyendo de una manera acelerada, sin clemencia”, dice una migueleña angustiada, mientras mira el desolador panorama.

“Nosotros no podemos cortar ni con tijera y ellos hacen lo que les da la gana. Aquí es donde vienen los supuestos campesinos pobres con oruga, mientras nosotros con hacha y machete”, reclamó molesto otro de los habitantes de San Miguel, que acudió a confrontar al INRA ante la notificación de desalojo de una comunidad y un productor, pero finalmente se llegó a un acuerdo.

De retorno a San Miguel encontraron varias brechas y grandes desmontes, solo una de las brechas tenía una extensión de 15 km, todo eso alejado del camino y detrás de propiedades. Los integrantes de la comitiva encararon a los que estaban en el lugar, los desalojaron, pero antes preguntaron por los encargados.

“Nos dijeron que el cacique es un señor Yucra que trabajaba en el INRA. Esto es tráfico, no son campesinos, son empresarios con mucho dinero, tienen un pozo artesiano que les costó $us 15.000. La brecha tiene orden de desmonte; estos hermanos interculturales convierten en oro negro nuestros palos frondosos; solo por ambición política y económica se permite este desastre”, lamentó Negui Villarroel, indígena que participó en el recorrido.

Los miembros de la comitiva filmaron todo, igual que cada desalojo. Hasta la fecha llevan 16 desalojos, dicen que están unidos, privados, comunarios, campesinos e indígenas, “por qué no nos vamos a ayudar si todos somos chiquitanos”, además nosotros no destrozamos el bosque, reflexionó.

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Uno de los problemas que más les incomoda es el manoseo de la tierra. Sofía Céspedes, dirigente de la Central Chiquitana de San Miguel, lamentó que muchos de los dirigentes se prestaran a generar problemas. Aludió a Aida Gil, actual asambleísta departamental, que “cuando era concejal de Pedro Damián Dorado entregó una resolución municipal (la 111/2013) como comunidad chiquitana Valle de Merced a menonitas, figurando como cacique Peter Klassen Sawatzky. Es una barbaridad, por ejemplo, la 3 de Octubre también está como comunidad indígena chiquitana, son varias así”, dijo Céspedes.

La líder además lamentó la falta de apoyo de las instituciones matrices, ya que están todas divididas, y el mal uso de los recursos. Apuntó al actual alcalde, que les “quitó la radio comunitaria, aparte ya no hay ni equipos, se los robaron. Fueron ellos quienes empezaron a meter interculturales a San Miguel, y como no se les está permitiendo a los interculturales quedarse, porque los desalojamos, entonces la gente ya le está exigiendo y presionando a Dorado”, aludió Céspedes.

Sobre el riesgo de que se genere violencia en uno de los desalojos, y de que la situación se salga de control, Céspedes aseguró que se dirigen de forma pacífica a los comunarios que se asientan. “Primero les hablamos”, aclaró, a tiempo de advertir que no permitirán que la gente oriunda sea sacada de sus predios, así sean privados.

En el caso de San Miguel, los datos generados por el INRA muestran que se entregaron 39 resoluciones a tres organizaciones, 15 fueron para la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), 19 para la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y cinco para los Interculturales.

Beneficiarían a 1.657 familias, con una superficie total de 83.610 hectáreas. Según Céspedes y los cívicos, esas comunidades no existen, recién empezaron a llegar en esta época, pero todas han sido desalojadas. “Estoy acá desde 1994 y puedo asegurar que hasta 2018 el INRA no aparecía, las notificaciones de desalojo a los oriundos y los nuevos habitantes empezaron a llegar después de Las Pititas”, aseveró Óscar Osinaga, un productor que fue notificado con orden de desalojo, pero que llegó a un acuerdo con el INRA, al menos temporalmente. Dice que tras mostrar que ya había sido visitado para inspección y que los técnicos del INRA le dieron el acta en 2018, donde consta que tenía inversión y tierra trabajada.

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San Rafael

El municipio rafaeleño afronta una situación todavía más seria que la de San Miguel.

De los tres polígonos que conforman el Área Protegida (AP) Municipal San Rafael, dos están con resoluciones de asentamientos del INRA, la mayoría de 2015, algunas de 2012, a pesar de que la creación fue con ordenanza municipal de 2006.

Los datos del INRA sobre las dotaciones en San Rafael indican que 128.796 hectáreas fueron repartidas a 2.475 familias de 78 comunidades, 13 de la Cidob, 40 de la Csutcb y 25 de Interculturales.

El alcalde actual, Jorge Vargas (Creemos), reconoció que tienen un problema serio de asentamientos, a tal punto que una de las comunidades, La Avispa, tiene resolución para San José de Chiquitos que, sin embargo, está sobre San Rafael. “Y, encima, el 47% de su ocupación está dentro de nuestra área protegida”, dijo.

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Según el técnico municipal Pedro Languidey, La Avispa recibe recursos de San José, y tiene permiso de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) de San José, pero está desmontando en San Rafael.

“Le dieron permiso de caminos que ingresan al AP; también hicimos monitoreo satelital, les dieron autorización de desmonte de 99 hectáreas, pero ya van por más de 300 hectáreas deforestadas, y 92 de esas hectáreas están dentro del AP”, lamentó.

Del mismo modo, Languidey cuestionó una autorización de PDM20 dentro del AP municipal, para la comunidad El Turere, que supuestamente fue revocado, pero que sigue figurando en los datos oficiales de la ABT. “Les dije a los técnicos de la ABT y ellos dijeron que debíamos hacer una carta a la ABT de Santa Cruz”, explicó.

Sobre las resoluciones de asentamiento en San Rafael, Languidey dijo que solo viven en la zona los de la comunidad La Avispa y unos cuantos de 14 de Septiembre. “Nadie más vive ahí, son comunidades que no tienen habitantes, solo van por temporadas, en el caso de La Avispa, más parece que son trabajadores de los dueños”, indicó.

Otra denuncia, tanto del alcalde de San Rafael, como del técnico Languidey, es la ‘clonación’ de comunidades. Explicaron que, supuestamente, el INRA removió de la ex concesión San Lorenzo a unas 12 comunidades, pero siguen figurando en los datos oficiales del INRA, que ahora más bien aparecen en dos lados, tanto en San Lorenzo como dentro del área protegida”, dijo Languidey.

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El técnico dijo que estos nuevos comunarios se dedican a tumbar árboles para producir carbón en hornos grandes, de 10 metros cuadrados, y que eso requiere desmontar bastante.

Otra denuncia del alcalde de San Rafael, dice que tiene pruebas, es que varios de los beneficiados con dotación tienen hasta dos y tres parcelas. “Tengo la documentación, es gente que solicita en otro departamento, incluso de Chapare, mientras que acá hay gente que no tiene dónde caerse muerta”, cuestionó Vargas.

Guarayos

La semana pasada, tres policías resultaron heridos de bala, tras un enfrentamiento con los avasalladores de una propiedad, a los que trataron de desalojar con orden judicial.

El predio El Encanto, de 4.500 hectáreas, además tuvo daños materiales, ya que según denuncia de los dueños, los avasalladores quemaron la casa, vehículos, el pozo de agua e incluso una flota en la que se movilizaron los uniformados.

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Fuente: EL DEBER

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