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El MAS atrasa proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas

En esta jornada la Asamblea sesionará en Santa Cruz. La discusión en Senado se retrasa.

La Cámara de Senadores retrasó al menos hasta la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, tras las críticas que generó la normativa en gremios como el minero, los transportistas y la prensa.

Hoy la Asamblea Legislativa sesionará en Santa Cruz, pero en esa ocasión se verán aspectos relacionados con el homenaje al aniversario del grito libertario de 1810.

El senador Félix Ajpi, MAS, señaló que no se tratará el tema esta semana, aunque manifestó que los senadores no han analizado la norma ni siquiera en detalle.

Esta ley autoriza que por orden de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Policía y la Fiscalía puedan allanar casas, revisar cuentas bancarias, romper el secreto profesional, dispone el “pago” a informantes y obliga, incluso a las iglesias y a organizaciones no gubernamentales a abrir su información.

Los gremios periodísticos reclaman que rompe con el secreto de fuente, y la Asociación Nacional de la Prensa exigió que ese punto sea especificado en la norma, luego de que el Gobierno lo desmintió. También hay denuncias que señalan que la norma genera restricciones que pueden generar la autocensura.

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El diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Renán Cabezas, del MAS, manifestó que “es posible modificar el texto porque no hay ley escrita en piedra, siempre es posible corregir. Inclusive analistas políticos de la derecha han reconocido que esta ley es importante, ellos no están observando de fondo, sino algunas cosas de forma que nos gustaría que hagan saber cuáles son”, señaló.

Manifestó que se deben generar reuniones con los sectores de los transportistas y los mineros para aclarar sus dudas y hacer los cambios que sean necesarios.

La oposición rechazó el proyecto de ley. De hecho, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, opinó que “vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Se trata de otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución.

El presidente de la comisión señaló que los opositores quieren confundir a la población. “De ninguna manera esta nueva ley, luego de que se apruebe en Senadores, será usada como una herramienta de percusión política”. El legislador denunció, además, que la derecha “solo se está dedicando a desinformar para generar confusión”, manifestó.

 

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El artículo 31 establece que en investigaciones de estos delitos la Fiscalía, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamientos a lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, entre otros.

Fuente: EL DEBER

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