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Comisión Legislativa aprueba informe para juicio de responsabilidades contra Mesa por Quiborax

El juicio de responsabilidades por el caso Quiborax es consecuencia de la denuncia planteada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Mesa (2003-2005) por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que tenía la firma chilena NMM-Quiborax en el Salar de Uyuni, que derivaron en un proceso arbitral ante el CIADI. En el juicio, que duró 14 años, Bolivia perdió y tuvo que pagar $us 42,6 millones.

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este miércoles la solicitud de juicio de responsabilidades en el que se encuentra implicado el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

El caso data de 2004 y se centra por el pago de $us 42,6 millones que el Estado tuvo que pagar por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el Salar de Uyuni.

Los delitos que pesan en la demanda se encuentran resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, informó la presidenta de esta comisión legislativa Patricia Arce.

“Lo que corresponde es remitirlo al presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el hermano (David) Choquehuanca y bueno el fijará el día y hora para tratarlo en la plenaria de la Asamblea”, añadió.

Otro de los juicios de responsabilidades aprobados en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado es por los enfrentamientos suscitados en La Calancha, de noviembre de 2007.

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Dentro de este caso se encuentra implicado el entonces ministro de Gobierno Alfredo Rada. Los delitos que pesan en su contra son genocidio en su forma sangrienta y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La comisión legislativa aprobó además un nuevo juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la privatización del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif).

Fuente: ECONOMY

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